Por: Silvia Alegrett

Los recientes anuncios presidenciales no han contribuido a crear un clima de unidad nacional para enfrentar juntos los graves problemas del país, por el contrario, sólo han intensificado el clima de desconfianza, confrontación e inseguridad que divide a los venezolanos desde 1999. Se evidencia en estas medidas la clara intención de aumentar el poder del Estado en detrimento de los derechos de los ciudadanos y sus conquistas democráticas.
Expresión Libre, ONG que lucha por la Paz y la Democracia, considera que estos derechos, fundamentales para el funcionamiento de una democracia moderna, han sufrido, progresivamente, un serio deterioro a lo largo de estos años ante las permanentes agresiones verbales y físicas a reporteros y medios de comunicación y el acoso judicial a periodistas y articulistas.
No existen instancias judiciales independientes que protejan a los comunicadores ante los atropellos de que han sido víctimas y el Estado ignora los continuos llamados al respeto y la tolerancia de las instancias nacionales e internacionales de Derechos Humanos.
Se han aprobado leyes que restringen severamente el ejercicio del periodismo y facilitan la intervención del Estado en la programación de los medios radioeléctricos. El cerco económico contra medios de comunicación independientes se efectúa al negarles pautas publicitarias o demorar los pagos de deudas contraídas poniendo en peligro a decenas de medios pequeños que son fuente de trabajo para miles de trabajadores. El control de cambio y las sanciones del Seniat también forman parte de esta operación sistemática de atenazamiento del Estado contra los medios.
El acceso a la información oficial es cada vez más restringido, negándose en la práctica, el derecho a la información que tiene el pueblo venezolano sobre la gestión oficial. A los periodistas de medios independientes se les niega continuamente el derecho a cubrir eventos oficiales y, de hecho, ha desaparecido el debate cara a cara sobre importantes temas porque los voceros oficiales no asisten a entrevistas o eventos públicos a los que han sido invitados.
El Presidente de la República asegura que radicalizará el proceso político para conducir al país al “Socialismo del Siglo XXI”, acompañando dicha afirmación con el anuncio de la suspensión de la concesión al canal Radio Caracas TV y la estatización de varias empresas. No es difícil asociar estos anuncios a la existencia de una estrategia dirigida a fortalecer el gigantesco y multimillonario Estado venezolano y a silenciar, progresivamente, a la opinión pública, a los periodistas y a los medios independientes, basados en una visión autoritaria de sociedad que ha fracasado históricamente como modelo de justicia, progreso y libertad en varios países.
Se ha pretendido justificar el cierre de la señal de RCTV con interpretaciones legales de las normas sobre concesiones pero es evidente que se trata de un caso de retaliación política que, seguramente, se repetirá contra otros medios independientes a medida que se cumpla con el proceso de radicalización anunciada por el Gobierno.
Los voceros oficiales ignoran y rechazan las advertencias de organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA), Federación Internacional de Periodistas (FIP), Human Right Watch, el Instituto Internacional de Prensa (IPI), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) o Reporteros Sin Fronteras a quienes califica de intervencionistas.
Los comunicadores sociales, periodistas, trabajadores de los medios, estudiantes y escuelas de comunicación social, empresarios de los medios de comunicación, usuarios, instituciones gremiales, sindicales y de investigación debemos vincular nuestra labor diaria a la defensa de los principios democráticos de la libertad de expresión y el derecho a la información de los venezolanos, seriamente amenazados por el Gobierno. En tal sentido Expresión Libre rechaza las agresiones contra estos principios y exhorta a los organismos representativos a activarse en defensa de los derechos democráticos del pueblo venezolano.