Begoña Gómez, de 49 años, no ha ocupado cargos públicos y mantiene un perfil político bajo.
Manos Limbias acusó a Gómez de utilizar su cargo para influir en acuerdos comerciales. El tribunal no proporcionó información adicional y dijo que la investigación se mantuvo bajo secreto.
Manos Limbias se describe a sí mismo como un sindicato, pero su función principal es la de plataforma para casos judiciales. Muchos están vinculados a causas de derecha. Funciona como un «caso popular», una característica de la legislación española que permite a particulares o empresas participar en determinadas causas penales incluso si no están directamente afectados por el acusado.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, calificó de «falsas» las nuevas acusaciones.
Cuando se le preguntó si pensaba que el sistema judicial en el Parlamento estaba funcionando tras el fallo del tribunal, Sánchez respondió: «Un día como hoy y después de conocer la noticia, a pesar de todo, sigo creyendo en el sistema judicial de este país».
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