Se establecen cuatro niveles de protección de la información, alineando España con los estándares de la OTAN y la Unión Europea. Son restringidos, confidenciales, secretos y top secret.
Hasta ahora, el Ministerio de Defensa se encargaba de clasificar los secretos, pero esta tarea pasaría ahora al Ministerio de la Presidencia.
Los jueces tendrían que solicitar el permiso de la Corte Suprema para que se levante una orden de confidencialidad sobre un documento necesario en un caso judicial, en lugar de enviar la petición al gobierno.
La decisión final sobre si divulgar la información ultrasecreta quedaría en manos del gobierno. La información clasificada como restringida, confidencial o secreta podría ser reclasificada por ministros y otros funcionarios de alto rango, incluidas las autoridades militares. La nueva legislación sigue una promesa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, luego de un escándalo desencadenado por las revelaciones de que los políticos catalanes de mentalidad independentista habían sido espiados con poderosos y controvertidos programas espía vendidos solo a agencias gubernamentales.
El proyecto de ley aún debe ser debatido en el Parlamento, donde podría estar sujeto a cambios.
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