La UE acoge con cierto escepticismo la intención del Gobierno español de oficializar el catalán, el gallego y el vasco en las instituciones. Aunque todavía no existe una situación estable en la mayoría de los países, especialmente porque la situación surgió durante la temporada navideña (Bruselas está cerrada en agosto), muchos creen que los problemas políticos de España no se extenderán al club de la UE-27.
Es el caso de Hungría, el primer país que se pronuncia al respecto, que, preguntado por el diario El Español, aunque todavía se muestra «rápido» en tomar posición, promete que «España discutirá internamente y solucionará sus problemas» antes de llevarlos a la UE.
El problema para los países de la UE es que el Gobierno español, que todavía está en el poder, les ha obligado a una situación de toma de decisiones. Y es que un cambio en la normativa europea requiere la unanimidad en el Consejo.
El canciller José Manuel Álvarez envió la semana pasada una solicitud a la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea para incluir el tema en la agenda de su próxima reunión de asuntos públicos el 19 de septiembre.
Todos los estados miembros deben aceptar cambiar la regulación de la UE y hacer que el catalán, el euskera y el gallego sean lenguas oficiales en Bruselas. Además, un voto a favor de la reivindicación de España provocaría un avispero de cuestiones de identidad para algunos de ellos.
Por ejemplo, en Italia se ha concedido estatus oficial a 11 lenguas. En cuanto a Francia, sólo tiene una lengua oficial, pero se reconocen siete. Hay muchas más, y detrás de estas lenguas hay movimientos sociales y políticos que, habiendo votado a favor del catalán, pueden exigir que se vote a favor de la promoción de otras lenguas minoritarias, reviviendo así conflictos identitarios actualmente latentes.
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